¡Ay Estado! ¿Por dónde has estado?

Tres décadas de políticas educativas, políticas públicas, destinadas a crear y moldear ciudadanos, preparar mano de obra calificada y favorecer alternativas viables, someter y reprimir, reverdecer, asfixiar, oxigenar e incluir y resistir.

Desde la discusión que dio fruto a la primera ley educativa allá por 1884 (Ley 1420 Laica, libre, gradual y gratuita), no solo se disputó que tipo de educación debería impartirse, que necesidades tenía el Estado para con los habitantes, tan heterogéneos como hoy, sino por sobre todo la presencia hegemónica del Estado. Este fue un punto clave en donde la Iglesia de ese momento sufrió una pérdida grande a sus ambiciones de control social, encubiertas por su puesto en pérdida de libertad individual por el avance de Estado. Esta ley sin ser modificada sustancialmente, supo de momentos felices a mediados del siglo XX, felices porque se incluye y masificó el sistema educativo, se crearon escuelas técnicas y la universidad obrera, pero sobre todo porque por primera vez el sujeto social destinatario de estas políticas públicas no pertenecía sólo a algunas de las clases sociales, sino que se ampliaba el espectro de alcance a todos, también podemos decir que pasó a ser parte del relativo ascenso social. El Estado siguió cumpliendo un rol central, pero esta vez dando un nuevo sentido social de pertenencia.

Analizar el papel que jugó el Estado desde la recuperación de la vida democrática, nos hace retrospectiva mente dilucidar que rol le otorgaron los cuadros militares tras el golpe cívico-eclesiástico-militar de 1976 a la educación, llevado adelante a través de restricciones presupuestarias, cierre de instituciones, exilio de docentes y por sobre todo el desarme de experiencias alternativas. Aquí resurge luego de un siglo de disputas, la iglesia católica que junto al empresaria-do socavan las funciones reguladoras del Estado, que ya había demostrado signos de insuficiencia en las políticas obsoletas que mantenía en ejercicio, es decir, estos actores sociales aprovecharon las propias contradicciones, el paso del tiempo y la falta de políticas públicas para atacar al Estado. O sea, se atacaba a la decisión ideológica de la hegemonía del Estado como regulador general. A partir de allí se profundizó la tarea de trasmisión de jurisdicciones que ya habían comenzado en la dictadura de Onganía (1966), del sistema educativo a las provincias con una clara idea de desvincularlo del centralismo estatal. Creemos que buena parte de las crisis del sistema actual radican en estas decisiones estructurales, estas políticas públicas que rompieron una buena parte del tejido social, acompañadas por ciertos del terror represivo y de la bancarrota económica. (Tres por uno letal).

¿Entonces, quien diseña las políticas educativas, el Estado para el conjunto social? ¿Pueden estas estar escindidas de la realidad política y económica del país? Hasta aquí pareciera que lo político había marcado el ritmo, pero se empieza a entrever que no se puede seriamente analizarlo por separado de lo económico.

Al fin aparece en escena nuestra querida democracia, el nuevo gobierno tiene la necesidad orgánica de establecer lazos identitarios con una política educativa no asociada al pasado reciente, pero tampoco con las situaciones críticas de mediado del siglo XX en adelante. Entonces pone en disputa la representación del pasado (con una gran necesidad que circula en los ámbitos de poder, hacer responsable solo a los militares de los desastres sucedidos y avanzar sin profundizaren sus cómplices), el deseo del futuro y como alcanzarlo. Hay un intento de participación mayor de la comunidad en las instituciones y un excelente dato es la normalización, reapertura y accesibilidad a las universidades. En este ámbito de participación social falló el intento de conducir esas fuerzas renovadoras (Congreso Pedagógico Nacional 1986 – 1988), y otra vez aparece la iglesia católica, junto a posiciones conservadores, sosteniendo la pluralidad (término madre en la democracia) a través de la oferta privada que venía creciendo. Perdida la batuta de mando del Congreso se diluía una urgente reforma y agonizaba el país.

Ya no habría oportunidad política, sólo la reforma estructural económica y el ingreso en primer plano del mercado en las políticas educativas, con la eficiencia de los recursos como leit motiv del nuevo discurso administrativo, se comienza a legislar (Ley de Transferencia Educativa 1992, Ley Federal de Educación 1993 y Ley de Educación Superior 1995). Claramente la aprobación de la primera de ellas marcaría el paso, al ritmo de la crisis económica era sometida la educación. Se logró con estas leyes la desarticulación del sistema nacional, iniciado como decíamos en el gobierno de facto de Onganía, dejando librado el rol y la impronta que cada provincia quisiera y/o pudiera financiar, de allí surge la frase en que se dice que el Ministerio de Educación es una oficina pública sin escuelas a cargo. Por primera vez aparece el arancelamiento para la educación pública como una amenaza cierta, sobre todo en los niveles superiores, de esta forma se corre de un plumazo al Estado como garante de los servicios educativos (magnificando las fallas que arrastraba el sistema educativo luego de un siglo), en aras de la modernización estructural, dejando al mercado regulando las distintas ofertas.

Con la llegada de una alianza electoralista al gobierno y el comienzo del nuevo milenio, no llegó ninguna buena noticia, y tan rápido como llegó, se fue volando para dejar uno de los recuerdos más tristes de la vida social Argentina.

Casi sin recursos, sin herramientas materiales, pero con capacidad y  decisión el nuevo gobierno vuelve a poner al Estado al frente de las políticas educativas, con dos leyes que aún se encuentran en vigencia, en el año 2005 se sanciona la Ley de Financiamiento y en el año 2006 la Lay de Educación Nacional que suplanta a la Ley Federal, con un sinfín de nuevas aristas, pero con un plan clarísimo a la hora de señalar sujetos de aplicación, responsabilidades y financiamiento, junto con objetivos centrales como inclusión, acceso y permanencia en el sistema, obligatoriedad de la escuela secundaria, etc.

El estado nacional se obligaba por ley a asistir económicamente a los estados provinciales en cuanto a que los pisos salariales no estuvieses desfasados, llegándose a aplicar el 6.4 % del PIB en las partidas para educación a nivel nacional en el año 2010, el máximo aplicado en toda la historia. Priman los conceptos de universalidad y de las atribuciones del Estado por sobre lo individual, a modo de revisar decisiones y equilibrar desigualdades.

Este panorama es el que encontramos hasta fines del 2015, una legislación abierta a propuestas innovadoras, pero aún con muchas falencias por parte de la escuela, que en muchos casos no se desapega de la escuela tradicional.  Es un desafío abordar estos cambios que conduzcan a la escuela por el camino de la contracultura, y abandonar el papel reproductor del statu quo.

Por último el sistema educativo no debe estar sujeto a los recursos disponibles, en donde la economía lo restringe casi todo, a las avatares internacionales, a la agenda de la opinión pública, se ha recorrido mucho y hoy nos vemos estancados, sobre todo en los últimos años, es preciso profundizar los aspectos críticos del sistema educativo y universalizar el acceso y permanencia, siempre. Para todos y todas.

Pd: Mientras escribimos estas líneas se cumplen 70 años de la creación de la Dirección de Educación Especial en Argentina (1949).